En lo que se refiere a política en nuestro país, parece que no hay un día en el que no leamos alguna noticia relacionada con estafas, malversación, fraudes y un largo etcétera. Hoy le ha tocado el turno a Ana Botella, ex alcadesa de Madrid, a quien el Tribunal de Cuentas ha sentenciado por malvender pisos públicos en el año 2013.
La condena que le ha caído a Ana Botella
Ana Botella, ex alcadesa de Madrid por parte del Partido Popular, fue “responsable directo”, según informa la sentencia del Tribunal de Cuentas, de vender 18 promociones inmobiliarias a precio más bajo de lo que se debía.
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Tras la sentencia, se ha conocido que Botella tendrá que pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blakstone.
La sentencia, adelantada por Cadena Ser, incluye a Botella y otros siete miembros de su Gobierno porque "incurrieron en una negligencia grave" y que "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público".
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Según los cálculos del Tribunal de Cuentas, Botella y su ejecutivo podrían haber ingresado más de 151 millones de euros.
Esta sentencia llega a raíz de que el gobierno de Manuela Carmena demandara hace un año a través de la Empresa Municipal de la Viviente y Suelo una operación sospechosa en la venta de estas viviendas.
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La sentencia aclara que es imposible que el Ayuntamiento de Madrid no intentara sacar el máximo partido a esos pisos y que en los 14 días que duró la operación, no es posible llevarla a cabo.
"El precio de venta de todos estos inmuebles, que estaban sometidos a un régimen de protección pública por razón de función social, fue inferior al mínimo jurídicamente exigible, que no es otro que el valor máximo posible de venta de las viviendas calificadas como viviendas protegidas (151.211.518 euros), lo que dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público que asciende a 22.711.518 euros", finaliza explicando el Tribunal.
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Fuentes del Partido han asegurado a Europa Press que: "La decisión acordada por el Tribunal de Cuentas será recurrida en tiempo y forma por todos los miembros de la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid'.
Sólo el tiempo dirá quién tiene que pagar finalmente.
